La diputada Marisol González Elías, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para crear la Ley de Imagen Institucional. Esta propuesta busca evitar modificaciones innecesarias en la infraestructura tras cada cambio de administración.
La ley propuesta se fundamenta en la necesidad de regular el uso de logotipos, colores, lemas y demás símbolos que representan a los entes públicos de Nuevo León.
La diputada argumentó que, a menudo, los cambios de imagen institucional responden más a intereses estéticos o políticos de cada administración que a necesidades operativas, lo que resulta en un gasto innecesario de recursos públicos, en contravención con los principios de eficiencia, eficacia y economía establecidos en la Constitución Mexicana y la Constitución de Nuevo León.
Uno de los aspectos clave de esta ley es que busca involucrar a los ciudadanos en el diseño y propuesta de la imagen institucional, lo que fortalecería la relación entre las autoridades y la población, además de garantizar que los cambios en la imagen institucional respondan a un consenso más amplio y no a decisiones unilaterales.
La iniciativa también señala que los frecuentes cambios en la imagen institucional generan residuos sólidos debido a la destrucción de materiales impresos, uniformes y otros elementos, lo que tiene un impacto negativo en el medio ambiente.
Además, la ley busca optimizar el uso de los recursos públicos, dirigiéndolos a áreas prioritarias como salud, educación y servicios básicos, en lugar de a cambios constantes de imagen que no aportan beneficios tangibles a la ciudadanía.
“La Ley de Imagen Institucional establece lineamientos claros sobre los colores, logotipos y otros elementos visuales que deben utilizarse en los bienes públicos del Estado y sus municipios, como papelería, vehículos oficiales, uniformes y edificios, buscando garantizar que la imagen institucional sea neutral y no esté vinculada a intereses partidistas”, dijo la legisladora.
Marisol González puntualizó que la nueva ley no solo busca un uso eficiente de los recursos, sino también garantizar que el proceso de diseño y modificación de la imagen institucional sea claro, accesible y justificado ante la ciudadanía.
